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Si a principios del verano el tema con el que rellenar los informativos fueron las andanzas de la autodenominada Manada, de su puesta en libertad provisional y su posible vuelta a prisión, pasado el ecuador del mismo la cuestión de actualidad pasa a ser la posible exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Como tantas otras veces que se plantea este tema, el debate oficial transcurre sobre argumentos muy conocidos: hay quien dice que tocar cualquier asunto relacionado con la guerra civil y con la dictadura franquista es un grave error porque supone reabrir viejas heridas felizmente cerradas durante la Transición, que la ley de Memoria Histórica del gobierno Zapatero es sectaria porque solo se ocupa de las víctimas de un bando cuando fueron ambos igualmente culpables y que hay cosas más urgentes que hacer que ocuparse de estas cosas que solo interesan a unos pocos. Por el otro lado, siempre dentro de los canales oficiales, se afirma que mantener espacios públicos como calles, plazas, topónimos, monumentos, etc., que ensalzan la figura de Franco y sus partidarios es inaceptable porque Franco era un dictador, que la ley de Memoria Histórica lo único que hace es dignificar a las víctimas, y que la Transición estuvo muy bien pero quedaron flecos como este y, a punto de desaparecer la última generación de supervivientes, es necesario resolverlos.

Realmente, ambas posturas se sostienen sobre argumentos bastante falsos. Este no es un artículo sobre memoria histórica, o sobre la dictadura, sino sobre las consecuencias de la misma, que van mucho más allá de las propias víctimas. Aun así, es necesario dejar claros ciertos puntos para llegar al nudo central del tema. El primero es que no se reabre ninguna herida por hablar de la represión franquista: no se puede reabrir lo que nunca se cerró. Entre 1936 y 1977 se cometieron una serie larguísima de crímenes terribles que en ningún caso fueron investigados y por lo tanto juzgados y condenados. Por lo tanto, las heridas siguen abiertas en tanto que hubo y hay una impunidad absoluta. Los verdugos disfrutaron de completa tranquilidad, se beneficiaron de sus crímenes y sus descendientes siguen gozando de los beneficios de los mismos en forma de fortunas heredadas, preeminencia social y acceso privilegiado a los resortes de poder. En segundo lugar la teoría de los dos demonios es inaceptable por ser falsa e inmoral: no se sostiene decir que ambos bandos cometieron atrocidades y que por lo tanto es necesario olvidarlas, tanto porque ni cuantitativa ni cualitativamente son comparables como porque la causa general que la dictadura inició pasada la guerra civil contra los partidarios de la república encausó y juzgó (sin las mínimas garantías, por supuesto) los crímenes cometidos en la zona republicana. Las víctimas de la represión gubernamental o paragubernamental fueron identificadas y enterradas, y sus deudos recibieron compensaciones y reconocimiento. Las víctimas de los franquistas, por contra, siguen enterradas en las cunetas, especialmente en el caso de los asesinatos extrajudiciales. Sus familias, además, tuvieron que cargar durante décadas con el estigma que les imponían las autoridades y la ley del silencio que la transición de los setenta no hizo sino perpetuar. En tercer lugar, sobre la urgencia o el interés de esta cuestión, resulta indicativo del interés que despierta la cuestión que después de ochenta años de amnesia oficial, de poner trabas para la investigación y de desprecio institucional siga habiendo un movimiento memorialista que se mantiene en el tiempo y que pasa de generación en generación, que mantiene abierta la cuestión de los crímenes de la dictadura y la necesidad de verdad, justicia y reparación. Representan a cientos de miles de víctimas. Las víctimas de ETA son cuantitativamente muchas menos y reciben infinita atención mediática y apoyos oficiales.

Como decía antes, los argumentos que se manejan en numerosas ocasiones para justificar una memoria histórica que al mismo tiempo no ponga en cuestión el relato de la transición hacen aguas por todas partes. La cuestión de la depuración del callejero y demás espacios públicos de nombres vinculados al franquismo no es tanto porque este fuera una dictadura, sino por el carácter criminal de la misma. Queipo de Llano no fue solo un general golpista, como lo fueran los también generales Espartero, Narváez, O’Donnell, Serrano o Primo de Rivera en sus respectivos momentos históricos, sino que además fue un asesino de masas. La responsabilidad no es solo establecer una dictadura, sino hacerlo mediante un golpe de estado que se inició con el exterminio físico y deliberado del oponente político, que continuó con una guerra feroz que se ganó con el concurso indispensable de las potencias fascistas y que siguió con una represión salvaje que se mantuvo más allá de la muerte del propio Franco. En cuanto a la tan manida ley de Memoria Histórica, es falso que dignifique a las víctimas. En realidad, legaliza lo que ya era legal, es decir, los crímenes de la dictadura amnistiados en 1977, pero que además al no introducir la anulación inmediata de las sentencias políticas de los tribunales franquistas las da por buenas, cosa que, por supuesto, no ocurrió ni en Italia ni en Alemania ni en ninguna otra dictadura fascista cuando estos regímenes fueron suprimidos. La ley no permite ni investigar, ni enjuiciar ni condenar a los criminales, algunos todavía vivos, porque están amparados por esa misma ley. No olvidemos que en España la dictadura no se acabó por una derrota militar, como en Alemania o Italia o sus satélites, ni por una revolución, como en Portugal, ni por una ruptura institucional, como fue la proclamación de la república en Grecia, sino por un cambio legislativo en el que se garantizó la conservación de los privilegios de las élites del régimen y, por supuesto, la impunidad de sus crímenes y los de sus partidarios. El franquismo es legal porque así se hizo para que lo fuera. Hasta su bandera es legal, porque era la vigente hasta 1981. Tuvimos un rey que no juró la constitución porque su poder emanaba de la legitimidad del 18 de julio. Tenemos un rey que lo es porque fue designado por el anterior a tal efecto. En 1977-78 se llegó a un acuerdo: apertura política a cambio de amnesia. Derechos civiles a cambio de impunidad.

Ahí es donde quería llegar. A la cultura de la impunidad. La sociedad española arrastra esa idea desde hace décadas. La idea es simple. Si este es el único país de Europa donde el dictador murió en su cama y en el poder, donde sus crímenes y los de sus secuaces nunca fueron no ya juzgados sino simplemente investigados oficialmente, donde se garantizó la impunidad de los mismos con un celo inédito ¿qué sentido tiene quejarse de la laxitud de las leyes o de la impunidad de los delincuentes? Si hay más de 100.000 cadáveres en fosas comunes sin abrir ni investigar ¿qué importancia tiene que haya empresarios ladrones, dirigentes políticos corruptos o defraudadores de impuestos? Si ser responsable del asesinato de miles de personas salió impune, ¿qué importancia tendrá robar unos cientos de millones?

No es solo un lugar común asegurar que España es un país claramente tolerante con la corrupción, sino que es un hecho bastante acreditado, vista la asiduidad con la que tantos políticos sobre los que había no ya graves sospechas sino totales certezas revalidaban mayorías absolutas entre el entusiasmo de sus partidarios. Este es un país donde la corrupción del grande sirvió también para justificar la corrupción del pequeño, donde un desfalco de seis millones servía para justificar un fraude a Hacienda de seiscientos euros. Que un político “de los nuestros” robase se justificaba porque, como era bien sabido, “los otros” robaban más. Desde finales de la guerra civil hasta bien avanzados los años ’80 hubo en España una red, o más bien redes, de robo de bebés que alcanza cifras escalofriantes, que no solo no se investigó ya muy tardíamente sino que en las primeras décadas estuvo sancionado legalmente por la dictadura al tratarse de hijos de represaliados políticos. Si robar bebés sale gratis., ¿qué importancia tendrá una recalificación urbanística fraudulenta? Si hablamos de malversar, cobrar indebidamente o distraer fondos provenientes de la UE la gracia es aún mayor, porque, como sabe todo el mundo, pagan otros, “los de Europa”, a los que les sale el dinero por las orejas. Sí. Efectivamente, este es un país tolerante con la corrupción, que se añade a otro gran vicio colectivo: la desconfianza de la política, herencia directa de la dictadura. Vemos la política como algo sucio, innoble, que esconde oscuros intereses. El “no se meta usted en política” de la dictadura pervive en nosotros marcado a fuego, porque meterse da problemas, o porque se hace con segundas intenciones.

Esto empezó a cambiar algo a principios de esta década, cuando la gravedad de la crisis económica global se hizo patente y desencadenó además una crisis política. Entonces, de repente, muchos pasaron a descubrir que “los políticos” robaban, a pesar de que les llevaban votando desde hacía años sabiendo lo que había, que “los políticos” enchufaban a amigos y familiares, aunque incluso se les criticaba antes si llegaban a un cargo y no lo hacían, y que, para cambiar eso, era necesario meterse en política. Este despertar cívico duró lo justo para sustituir a parte de la vieja casta por otra nueva, que rápidamente, en no pocos casos, empieza a asumir los vicios de la anterior. Igual es porque lo que no cambió son las propias instituciones.

¿Cómo es esto posible? Hay quien lo atribuye al carácter católico de España, que implicaría una mayor tolerancia con estas prácticas. En mi opinión, es una verdad a medias. También Portugal es un país de cultura católica y no pasa, por lo menos a este nivel, lo que acabamos de relatar. Igualmente Francia, o la mitad de Alemania, o Bélgica, o Luxemburgo, o Irlanda, y los casos de corrupción no son tan intensos como los de aquí (lo de Italia va aparte, desde luego). ¿Por qué es así? Pues, creo yo, porque no está inoculada la cultura de la impunidad. Porque allí, mal que bien, no hay una estructura social que deba su legitimidad a la victoria en una guerra del bando fascista, no se selló la impunidad de los crímenes de la dictadura conservando puestos y privilegios en la administración, judicatura, fuerzas armadas y de seguridad así como fortunas y posición social. Aquí no hubo la catarsis que permitió hacer pública la barbarie cometida durante más de cuarenta años, y con ella el castigo ejemplarizante a sus planificadores y perpetradores. Y así seguimos, participando de la cultura de la impunidad en un país enfermo. Esa cultura permite un estado de cosas, un statu quo, que se perpetúa tanto a nivel institucional como realidad sociológica. Es el estado de impunidad.

Podemos sacar a Franco de la covacha, que poco cambiará si no vamos a la raíz del tema. De la consigna memorialista “verdad, justicia, reparación” está claro que no podemos ya cumplir la segunda demanda en la gran mayoría de los casos, pero sí la primera y la tercera. Es un deber moral, sí, pero también una necesidad. No solo por las víctimas, sino por el conjunto de una sociedad enferma.

Silvano